El Estado debe retornar los terrenos del Aeropuerto a sus antiguos dueños
Una sentencia del Tribunal Supremo obliga a revertir las expropiaciones que en su día se ejecutaron para instalar la base militar. Se trata de más de 300 hectáreas entre Reus y Constantí
«La Justicia es lenta pero en ocasiones da buenos resultados». Así se manifestaba ayer uno de los 101 demandantes tras conocer el fallo del Tribunal Supremo en un proceso irrepetible por sus características, que motivó la modificación de una ley y que se ha alargado 11 años. Ésta es la parte final de una historia iniciada en 1940 y que este mismo mes ha vivido su principal capítulo con una sentencia judicial que obliga al Estado a retornar los terrenos del Aeropuerto de Reus a sus antiguos propietarios.
Declaramos el derecho de los recurrentes a la reversión de los terrenos expropiados para la construcción del aeródromo militar de Reus. Las frases están extraídas del fallo del Tribunal Supremo ante el recurso de casación presentado por los demandantes a una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al que ha tenido acceso el Diari. La sentencia, por sorprendente que parezca, cogida por el sentido estrictamente literal supondría el cierre del Aeropuerto de Reus.
Un hecho que Alfred Ventosa, abogado del bufete Josep Yxart de Moragas y que ha llevado el caso desde el inicio, aseguraba que es inviable por «las características de un equipamiento de interés público y materialmente imposible por con sus consecuencias en el territorio». Además, según contaba, de esta forma lo prevé la ley de Expropiación Forzosa que, en caso de no poder revertir los terrenos, «prevé un proceso en el que los propietarios puedan ser indemnizados».
Las indemnizaciones
Y en este punto se encuentran ahora los demandantes, la mayoría de Reus y Constantí, que esperarán a que el Ministerio de Fomento ejecute la sentencia durante los dos próximos meses. Aquí es donde Ventosa estaba convencido de que no se llevará a cabo porque el Estado alegará al Tribunal Supremo su imposibilidad «por el bien del interés público». Entonces es cuando empezará un nuevo proceso para pactar las cuantías de las expropiaciones a sus antiguos dueños, su única intención. Los cálculos hablan de más de 300 hectáreas expropiadas que se realizaron en 1940 y 1952 y que se llevaron a cabo por un precio que osciló entre las 6.000 y 9.000 pesetas por hectárea.
«Hacía muchos años que estábamos pendientes y nunca había quedado en el olvido. La noticia es satisfactoria porque reconoce que hubo una expropiación militar que después dejó de existir». Ramón Adserà es uno de los demandantes que lleva desde el inicio en el proceso y recuerda cómo la madre de su mujer vivía en la masía que le expropiaron. En total eran 24 hectáreas que, según recuerda, le supusieron unas 100.000 pesetas. «Queremos que nos paguen como es debido las expropiaciones forzosas y no interferir en nada en el Aeropuerto». Francesc Roig habla de unos terrenos que su familia utilizaba para la explotación agrícola de avellanas cuando era pequeño.
Roig, al igual que Adserà, ponía especial énfasis en que la expropiación se realizó para la creación de la base militar y que, cuando ésta se reconvirtió a uso civil, «todo continuó tal y como estaba y no se hizo nada para hacer las cosas bien». Precisamente, el cambio de uso ha sido la baza fundamental para lograr el fallo a favor del Tribunal Supremo. «El objeto de las expropiaciones fue para destinarlas a un aeródromo militar para la defensa nacional. No se efectuaron para ser un Aeropuerto ni civil ni militar, sino para el interés nacional de la época», precisaba el abogado.
1940-1952
Las expropiaciones se realizaron en dos fases bien diferenciadas. La primera fue en 1940 para la instalación de la base militar, mientras que en 1952 se ampliaron para realizar mejoras en las pistas de aterrizaje. Sobre los años 70, según indicaba Ventosa, el aeródromo de la capital del Baix Camp empezó a tener, de forma casi anecdótica, un uso civil -en 1977 tuvo lugar alguna expropiación más-.
Pero la fecha más trascendental fue cuando en 1999, el Ministerio de defensa desafecta el aeródromo de Reus para desmontar la base para que fuera destinada a un uso civil, siendo Aena la encargada de gestionarlos. Fue en este momento, cuando los ciudadanos que habían padecido la expropiación forzosa se movilizaron para poder recuperar los terrenos. «En época de guerra era normal que todos perdiéramos. Pero cuando pasó nosotros pedimos lo que antes era nuestro», exponía Màxim Blasco Font de Rubinat quien señalaba que el fallo «jurídicamente tiene mucha coherencia».
Cambio de normativa
Y aquí es donde el proceso que iniciaron obligó a modificar la normativa del momento. Según relataba el propio Alfred Ventosa, «el artículo 54 de la ley de Expropiación forzosa vigente en la época era muy clara y taxativa y no permitía interpretaciones sobre el cambio de uso de militar a civil. Al cambiar de uso, por mucho que fuera un aeropuerto, los propietarios tenían derecho a la reversión de los terrenos».
A partir de aquí, en junio de 1999, es cuando se mandan las primeras solicitudes a la Subdelega.
Font i foto: Diari de Tarragona.